La Confederación Nacional del Trabajo, organización próxima a cumplir cien años de existencia, ha estado siempre en la vanguardia de las luchas, a veces reforzando – y normalmente incitando- cuantas movimientos sociales de verdadera importancia se han producido en nuestro país.
Para la CNT –que es una organización autosuficiente, que se basta a si misma, y que, por tanto, no necesita de ningún partido guía- la lucha sindical y la lucha social son lo mismo. Así, lo mismo que consiguió por primera vez en España, la jornada laboral de ocho horas, con la huelga de “La Canadiense” en 1919, llevó a cabo huelgas de inquilinos. Por ejemplo, en el año 1932, la CNT organizó una huelga contra los alquileres exageradamente altos, negándose a pagar los inquilinos además, los recibos de la electricidad y del agua. Y eso lo hicieron muchas decenas de miles de trabajadores que se apoyaban entre sí, solidariamente, de tal modo que les fue imposible a las autoridades ejecutar ni un solo deshaucio. También en Tenerife en 1933, la CNT declaró la huelga de inquilinos, que paralizó la ciudad al declararse en huelga de solidaridad los panaderos, los tabaqueros, portuarios y otros sectores obreros; la huelga fue un éxito, y los propietarios tuvieron que ceder a todas las reivindicaciones de los inquilinos. Que la lucha contra los alquileres abusivos es una constante de la acción anarcosindicalista, lo demuestra, por otra parte, el hecho de que ya en 1907 –veinticinco años antes de que lo hiciera la CNT- la Federación Obrera de la Región Argentina, adherida como la CNT, a la Asociación Internacional de los Trabajadores, había llevado ya a cabo una huelga de alquileres que tuvo un gran seguimiento y en la que los trabajadores sufrieron un muerto y tres heridos, tiroteados por las fuerzas represivas del Estado.
Con estos antecedentes, no hace falta que digamos que la CNT observa con interes y saluda con afecto solidiario toda acción que ponga en entredicho el derecho de propiedad, puesto que somos partidarios de la propiedad colectiva en un sistema comunista libertario, que sólo llegará, precisamente, mediante una revolución que procederá a la abolición de la propiedad privada, del Estado, de toda forma de autoridad y de las clases sociales.
La Constitución Española de 1978, sin embargo, reconoce en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada, indicando que su ejercicio debe cumplir una función social, sin tener en cuenta que propiedad privada y función social son conceptos antagónicos, que chocan frontalmente.
La posesión de una vivienda, sea comprada o en alquiler, es cada vez más difícil, porque no sólo suben las hipotecas, al subir los tipos de interes bancario, sino que también suben los alquileres. En cualquier caso, en España se prefiere la compra al alquiler, porque el sistema fiscal incentiva la adquisición de la primera vivienda, frente al alquiler y el abonar un alquiler parece tirar el dinero.
Para hacernos una idea del encarecimiento de la vivienda, basta saber que sólo en ocho años el precio medio de la vivienda aumentó en España el 177%, lo que equivale a más de siete veces el aumento salarial en el mismo periodo. Actualmente, paralelamente a la subida de las hipotecas, se está produciendo una bajada del salario real de los trabajadores de la construcción; y eso, los que no pasan directamente al paro.
Todo ello trae como consecuencia el que muchas familias destinen el 50%, o incluso más, del salario, para abonar la cuota mensual de la hipoteca,y ese es un gasto al que no se puede renunciar, por ser la vivienda una evidente necesidad social.
Por si ello fuera poco, tenemos que hacer referencia a todos aquellos que ni siquiera pueden endeudarse, por carecer de ingresos suficientes. Nos referimos a los llamados “sin techo”, a todos esos seres que –sobre todo en las grandes ciudades- tienen en la calle el más inhóspito de los “hogares” y ello al mismo tiempo que en esas mismas grandes ciudades hay muchisimas viviendas vacias (más de 300.000 en Madrid y Barcelona, y más de 100.000 en Bilbao, por ejemplo) siendo más de tres millones las viviendas desocupadas en todo el territorio español.
Además, ya para acabar, se persigue y criminaliza la ocupación de edificios (generalmente abandonados por muchos años y en estado ruinoso), para instalar en ellos centros sociales autogestionados, donde poder realizar actividades culturales, al margen de influencias estatales, políticas o religiosos.
La CNT saluda con simpatía toda actividad dirigida a acabar con la especulación inmobiliaria y que vaya en el sentido de una transformación social emancipadora. La revolución social que propugnamos supone, entre otras cosas, la quiebra del orden jurídico burgués, y la expropiación de todos los bienes de la burguesía, para ponerlos al servicio del conjunto de la sociedad.
¡Animo y Adelante!
