Patricia Manrique
Comité 8M de CNT Santander
Ante las muchas violencias machistas es imprescindible invertir en educación, incluida la que necesitan unos operadores jurídicos hoy mayoritariamente patriarcales, y también en las prisiones, donde faltan medidas de reinserción, para que se apueste, por una vez, por algo más que la mera represión y el castigo.
Hay pandemias que tienen más notoriedad que otras y parece que la pandemia generada por el virus del patriarcado nunca tiene el carisma suficiente para ocupar las portadas de los medios con la continuidad que merece. Pese al goteo de asesinatos y violaciones y la ofensiva de la ultraderecha contra los colectivos feministas que trabajan para prevenirlas y atender a las víctimas, los medios parecen no considerar que el terrorismo machista sea un tema digno de portadas aunque, por desgracia, sean tantos los días en que informativamente debiera ser así.
Según datos de feminicio.net, en lo que va de año ya han sido 20 los feminicidios, 99 el año pasado ―55 según los datos oficiales―. Desde 2010, año en que este colectivo empezó a documentar los feminicidios en España, han registrado 1.106 mujeres asesinadas por hombres. Para el Estado, según su Boletín estadístico mensual de diciembre de 2019, el número de mujeres víctimas mortales entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2019 ha sido de 1.033. De todos modos, se usen las cifras que se usen es una lacra, y no sólo en España.
La diferencia entre el cómputo estatal y el de feminicidio.net es que ellas registran todos los feminicidios, sin dejar fuera los casos que no caben en la ley de 2004: mujeres sin vinculación con el agresor, prostitutas, madres, hijas, suegras… Algo similar debería hacerse estatalmente según el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incorpora los principios del Convenio de Estambul, contemplando como delito todas las formas de violencia contra la mujer e incluyendo, en este caso, todas los feminicidios fuera de la pareja.
En feminicio.net siempre han tomado en cuenta casos como el de Esther R.P. de 40 años en Madrid, trabajadora sexual asesinada esta semana en Ciudad Lineal a manos de un hombre que la disparó en plena calle. Era, según las pesquisas de la policía, un putero, aunque para un tal Luis F. Durán, periodista de El Mundo, a quien la perspectiva de género le debe quedar tirando a lejos y quien vale de ejemplo de lo que NO hay que hacer al cubrir estos temas, era un “hombre enamorado de la mujer”. Ella, si así resulta, no sería hoy por hoy cifra oficial, al no tener cabida en la Ley integral de violencia de género de 2004, pues sólo reconoce a parejas o exparejas. El Pacto de Estado contra la violencia de género pretende enmendar, entre otra cuestiones, eso.
Una violencia que son muchas
Pero, más allá de esta escandalosa y dramática realidad, el terrorismo machista, recordémoslo, no es más que la cúspide, la punta del iceberg de la violencia patriarcal. Porque “no sólo duelen los golpes”, como bien explica con su propio cuerpo la activista feminista Pamela Palenciano —censurada por la derecha, por cierto—, hay mucho más: la violencia puede ser física, verbal, sexual, económica, judicial, obstétrica, laboral, social, mediática, publicitaria… puede cebarse, además de en la mujer, en las hijas e hijos. Se alía con el clasismo y el racismo, con la homofobia y el heterosexismo, la transfobia, la gordofobia, la plumofobia, el capacitismo…
Todas las violencias que denominamos “de género” o, mejor, “machistas” o “sexistas” tienen en común algo esencial: son violencias ejercidas sobre mujeres por el mero hecho de serlo. Posibilitadas por una ideología binaria y jerarquizadora, la patriarcal, que es ya en sí misma violenta y un proceso de subjetivación y socialización que fomenta relaciones de explotación y dominación al convertir el cuerpo en marca de clase.
La (in)justicia patriarcal
La violencia sexista se intensifica con la (in)justicia patriarcal: el Poder Judicial del Reino de España necesita, sin ir más lejos —que podríamos, porque el problema es planetario—, una puesta a punto acompañada, tal vez, de sanciones si estas se hacen necesarias. Sería necesario una formación obligatoria de los jueces y juezas —y de todos los operadores implicados en el proceso de denuncia de violencias— a tenor de las sentencias que hemos ido conociendo, empezando por la de “La Manada”. Asimismo, sería conveniente crear una Comisión de Vigilancia con perspectiva de género en el Consejo General del Poder Judicial.
Sólo con un sistema más eficiente se podrá evitar el miedo a denunciar que atenaza a muchas mujeres —solo una de cada cinco mujeres denuncia violencia de género, por no hablar de las violaciones—, que temen ser victimizadas y culpabilizadas, y no sin motivo. Asimismo, cuando hay daño, cuando no hay justicia, deberá haber reparación: el Estado no sólo debe ocuparse de la orfandad por delitos de violencia machista sino que debería responder por la mala praxis de sus operadores algo que, de hecho, no se está haciendo, por ejemplo, en el caso de niñas y niños que siguen bajo la custodia de los maltratadores de sus madres.
Por otro lado, serían necesarios cambios relevantes en la ley de Extranjería y reglamentos relacionados, ya que impiden que las mujeres migrantes denuncien, cuando deberían gozar de una especial protección al estar, normalmente, más solas, sin la red social de la que se suele disponer en el lugar de nacimiento.
No al populismo punitivo: prevención… y reparación
La derecha y la ultraderecha se empeñan en llevar la cuestión de la violencia al castigo, sobre todo de violadores: buscan atender a lo paliativo —y electoralista— en vez de ir a la raíz. Sin embargo, buena parte del feminismo rechazamos esa visión punitivista y exigimos más medidas en educación, única forma de garantizar un futuro con menos violencias. España es uno de los países de la UE con menor índice de criminalidad y, sin embargo, una de las mayores tasas de encarcelamiento de la eurozona. La cárcel es más bien una trituradora que poco o nada cumple, lo sabemos, el objetivo de reinserción.
La Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género dice, en su artículo 42, que «la Administración Penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género». Obliga, pues, a la Administración Penitenciaria a realizar programas específicos para internos, pero solo existen en 50 centros de un total de 164 y eso que, según Instituciones Penitenciarias, los delitos por violencia de género son la tercera causa de entrada en prisión. Al parecer, hay listas de espera, por lo que el problema viene del Estado más que de los penados —pueden obtener beneficios con estos programas—.
Por otro lado, tampoco los jueces parecen atender demasiado a la reinserción pues en 2018, sólo el 30% de los penados por violencia de género fueron obligados por los jueces a cursar programas de reeducación para eludir su ingreso en prisión, pero la mayoría hizo trabajos de servicio a la comunidad: la utilidad que puede tener limpiar instalaciones locales para reinsertarse en cuestiones de violencia sexista es un pelín dudosa y los datos indican que habría que prestar más importancia a esta cuestión antes que volcarse en endurecer las penas.
Pero a la derecha el populismo punitivo le sirve de propaganda para sus votantes más justicieros y para ocultar, además de su nulo interés en cuestiones educativas, su negativa a invertir en prevención y reparación, es la imprescindible implementación de medios para mejorar la situación de las mujeres agredidas y violentadas y sus hijos e hijas. Casa, dotaciones económicas temporales, trabajos… Es muy importante que la mujer no se halle en una situación de precariedad a la hora de denunciar.
Solidaridad y potencia feminista
Aunque compartimos mucho dolor y rabia, el trabajo realizado por los feminismos en las calles nos ha permitido generar potencia feminista frente a la victimización patriarcal. Hay potencia feminista en el grito internacionalista contra la violencia de “El violador eres tú”, en las mujeres que trabajan en la autodefensa y se niegan a dejarse amedrentar por una cultura que nos quiere encerradas en casa y solas, o en la solidaridad, tanto en la sororidad como la confraternidad con los aliados feministas. Porque, más allá de lo que pueda hacer el Estado, lo esencial es que nos acompañemos entre nosotras —cismujeres codo a codo con mujeres trans, queer, de género fluido…— y que los compañeros varones combatan las conductas machistas cotidianamente.
En las calles nos veremos, cuerpo a cuerpo, el 8 de marzo. CNT marcharemos en el bloque libertario pero unidas al grito común: ¡Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras!
