Desde CNT Santander, queremos manifestar nuestra más absoluta preocupación por la situación de aumento de la siniestralidad laboral que sufre Cantabria y nuestro más decidido rechazo a la irresponsabilidad de empresarios y políticos que no destinan ni recursos ni herramientas suficientes para su reducción.
Muy a nuestro pesar, la realidad de la clase trabajadora de nuestra comunidad autónoma se escribe con sangre, dolor, precariedad y muerte. En estos primeros seis meses del año 2026, en Cantabria han tenido lugar 3.492 accidentes con baja, 7, desgraciadamente, mortales, además de unos 3.200 sin baja. Este alto índice de siniestralidad, que ha subido casi un 4% en lo que va de año, demuestra la escasa efectividad de herramientas y/o falta de recursos para atajar de raíz esta casuística criminal.
Como sindicato de clase de oficios varios, queremos denunciar esta preocupante situación y advertimos a la clase trabajadora cántabra de este silencioso pero funesto crecimiento. La siniestralidad laboral no es una consecuencia inevitable de la actividad económica y los accidentes no son cuestión de mala suerte, ni de casualidad, son, en buena parte, un resultado evitable de grandes fallos organizacionales en materia de prevención de riesgos laborales.
Cuando año tras año, en el mundo empresarial lo único que preocupa es que las cifras de siniestralidad no se superen ni los porcentajes no varíen demasiado, se está poniendo en evidencia una dura realidad: el vergonzoso desinterés de los empleadores por la vida de las personas trabajadoras que tienen a su cargo.
Porque la siniestralidad laboral es el resultado de un modelo capitalista que sitúa el beneficio empresarial por encima de la seguridad y la salud en el trabajo, e incluso, de la propia vida de quienes producen la riqueza.
Cada jornada llevada a cabo en condiciones inseguras, cada plantilla insuficiente, cada ritmo acelerado impuesto para aumentar los beneficios y explotar al máximo los recursos, inclusive los humanos, cada formación inexistente o deficiente en materia de seguridad, cada equipo de protección que falta, cada evaluación de riesgos convertida en un simple trámite administrativo… constituyen un paso más hacia el próximo accidente.
La precariedad mata y son ya siete las personas muertas en Cantabria. No podemos olvidarlo ni normalizar semejante terrorismo patronal.
Mata cuando el miedo a perder el empleo obliga a las personas a aceptar condiciones que nadie debería soportar. Mata cuando las empresas externalizan las responsabilidades y les basta con pagar una multa o una indemnización. Mata cuando la temporalidad impide denunciar los incumplimientos porque se trabaja por parte de una subcontrata. Mata cuando las administraciones reducen la prevención a simple burocracia para cumplir la ley en caso de Inspección de Trabajo, mientras los centros continúan acumulando riesgos y accidentes, incluidos aquellos denominados ‘blancos’ —aquellos que, en esa ocasión al menos, no han ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos—, que muchas empresas ni siquiera estudian para tratar de prevenirse.
Frente a esta realidad, rechazamos la idea de que la seguridad laboral dependa exclusivamente de la ´buena voluntad` empresarial o de las instituciones. La defensa de nuestra salud solo puede garantizarse mediante la organización consciente de la propia clase trabajadora.
Todas juntas. Sin duda y sin dilación.
Creemos que el sindicalismo no puede limitarse a negociar indemnizaciones después de cada tragedia, debe prevenir y trata de impedir que sucedan. La seguridad y la salud en el trabajo es un derecho de la clase trabajadora y debe ser respetado.
La vida está por encima del trabajo, de los objetivos y de los beneficios. Nada justifica una muerte, ni unas secuelas físicas y/o psíquicas derivadas del desempeño laboral.
Desde CNT Santander, reivindicamos centros de trabajo donde la prevención deje de ser una obligación formal para convertirse en un derecho real y efectivo. Exigimos que se investiguen todas las causas de la siniestralidad con independencia y verdadera transparencia, que se depuren responsabilidades cuando existan incumplimientos y que se refuercen los mecanismos de control sobre aquellas empresas que convierten la seguridad en un gasto prescindible que contratan tras una multa o por obligación.
Ninguna conquista llega como una concesión del sistema capitalista en el que vivimos. Los derechos laborales siempre han sido fruto de la organización colectiva, del apoyo mutuo, de la solidaridad entre la clase trabajadora y de la acción directa y la lucha de quienes se niegan a aceptar la injusticia como norma.
Por eso, hoy denunciamos una realidad que no puede normalizarse por más tiempo: la de las miles de personas accidentadas en lo que va de año, la de las siete personas trabajadoras que ya no regresarán a casa. Mañana podrían ser otras siete si todo continúa de la misma manera.
Por elles, por sus familiares y amistades, pero también por nosotras/es/os, debemos luchar para exigir condiciones laborales dignas y seguras para toda la clase trabajadora, de aquí o de fuera, en empresas públicas o privadas, se trate de personas trabajadoras autónomas o por cuenta ajena.
Exigimos poder vivir dignamente, con trabajos que resulten seguros y con unas condiciones laborales que respeten la integridad física y mental de quienes sostenemos esta sociedad con su esfuerzo diario. Tenemos el derecho irrenunciable a regresar a salvo a nuestras casas al finalizar cada jornada.
No queremos minutos de silencio mientras continúan las mismas prácticas que provocan nuevos accidentes.
La seguridad y la salud no se negocian. La dignidad no se vende.
¡NADIE HA DE MORIR TRABAJANDO! ¡NINGÚN EMPLEO VALE LA VIDA!
En Santander, a 28 de julio de 2026.