De nuevo, podemos comprobar como el gobierno del Estado español está más interesado en defender al capital que en proteger a los y las trabajadoras de este país ante el galopante desempleo.
En el último debate parlamentario sobre el estado de la nación, hemos escuchado una batería de medidas para “acabar” con la crisis económica (¿alguna vez el proletariado ha dejado de estar en crisis?) entre las cuales, por su importancia, nos ha llamado la atención la de finiquitar las ayudas, a través de desgravaciones fiscales, a la compra de la vivienda a partir del año 2011. Asistimos a un nuevo acto de desfalco social por las consecuencias perversas de la medida tomada.
Un ataque directo contra la clase obrera escondido tras toda una parafernalia de supuestas medidas sociales. Como ocurrió en el pasado, ocurre en la actualidad, siempre la legislación está a favor del capital, independientemente del supuesto color social que pretenda representar el gobierno de turno. Ya se defendió a los bancos que, en su afán de obtener cada vez más beneficios, fueron capaces de hipotecar a media España y arruinar a la otra mitad; ahora toca sacar del apuro a las inmobiliarias que han convertido en un continuo de cemento el paisaje de este país, vendiendo el metro cuadrado a precio de oro. Si lo que se busca es acabar con la especulación inmobiliaria, como se ha dicho, ¿por qué se potencia y se fortalece a los especuladores?
Realmente es doloroso asistir a este robo con guantes blancos viendo la pasividad e inmovilismo reinante, una resignación que en el paso tenía tintes religiosos pero que en la actualidad es producto de la propia incapacidad para comprender la realidad, potenciada sistemáticamente desde el poder, que sólo le interesa un pueblo pasivo engañado por medio de una supuesta democracia. Sólo una última reflexión: ¿Por qué no se cumplen los planes de vivienda social, lo que acabaría de verdad con la especulación inmobiliaria?
Secretario General de la Confederación Regional del Trabajo de Canarias