En Cantabria, con una población activa de 276.700 personas, hay 210.800 asalariados, que comprenden a los trabajadores de los sectores público y privado. De ellos, alrededor de 79.500, un 38%, no posee un contrato estable, y otros 20.000 se encuentran en paro. El número de trabajadores en situación de precariedad, es decir, aquellos que tienen contratos eventuales más los que están buscando empleo, se acerca a los 100.000. Las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes son los sectores de la población que más sufren la precariedad.
Ante esta situación, nos encontramos con que el sector hostelero, resulta una salida profesional para muchos de los afectados por la desaparición de sus puestos de trabajo en otros sectores laborales.
Para gran parte de estos desempleados, entrar a trabajar en la hostelería no supone una decisión fácil ni agradable, y deberíamos preguntarnos el porqué.
Dándose la circunstancia de que en Cantabria, por una insistente tendencia histórica a fomentar el turismo, este tipo de negocios han crecido de una manera exponencial, y a pesar de darse una situación de prácticamente “monopolio turístico” de la economía Cántabra, en detrimento de otros sectores productivos, que pudieran tener un carácter más estable y menos susceptible de variaciones climáticas y/ó económicas, nos encontramos con que los derechos de los trabajadores de este sector tan importante, no suelen ser respetados por los empresarios, que aferrándose a ese dicho popular de que “mal de muchos consuelo de tontos”, ó ese otro de… “a río revuelto ganancia de pescadores” se mantiene la practica generalizada de la imposición de unas condiciones laborales, impuestas previamente a la contratación, en un “lo tomas ó lo dejas”, claramente por debajo de las condiciones establecidas en el convenio de hostelería de Cantabria.
Y ya que dicho convenio, se supone que existe por algo y para algo, los empresarios, con este proceder, no solo vulneran los derechos de los trabajadores, si no que también están perjudicando a su propio sector empresarial, al que se supone que deberían proteger y dar prestigio. Más aun, cuando un total de 154 empresas turísticas de Cantabria están tramitando la certificación de calidad “Q” que concede el instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) y que en la actualidad ostentan solamente dos establecimientos de la región. Una certificación que acredita el cumplimiento por parte de los mismos de los requisitos exigidos sobre gestión de calidad, prestación de servicios é instalaciones y equipamientos. Pero parece ser que las prisas por ganar dinero, consiguen hacer olvidar, que mejorar las condiciones laborales, supone a su vez, mejorar la calidad del servicio prestado.
El caso es, aunque algunos prefieren obviarlo, el convenio también ha sido pactado por los empresarios, mano a mano con los sindicatos colaboracionistas, UGT y CCOO. Y es por esto, que deberíamos preguntarnos que sucede para que ni unos ni otros, parezcan tener interés en que se cumpla con más entusiasmo.
Para los sindicatos a sueldo del estado, la mayoría de los negocios de hostelería son pequeños y por lo tanto, los trabajadores de este sector están dispersos, con lo que su organización y concienciación es harto complicada, y no hablemos de la conquista de su afiliación sindical. Así que los sindicatos mayoritarios, dependiendo como dependen económicamente del numero de afiliados a la hora de reclamar fondos del estado (reciben anualmente más de 32.000 millones de pesetas procedentes de las arcas del Estado, sin contar las subvenciones destinadas a formación), prefieren centrar sus esfuerzos en sectores laborales donde existe una mayor concentración de trabajadores, por lo tanto una mayor presión social en caso de conflictos y una mayor rentabilidad para dichos sindicatos con menor esfuerzo.
La asociación de hostelería y los sindicatos UGT y CCOO firmaron el actual convenio colectivo de hostelería de Cantabria, que afecta a una media de cerca de 15.000 trabajadores, con una vigencia de cuatro años (2007-2010) y un incremento salarial con cláusula de revisión del IPC más un 0,2 por ciento en 2007 y 2008 y del citado índice de precios más un 0,4 por ciento en 2009 y 2010, aunque recientemente, el Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha estimado una demanda de conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos firmantes del convenio, y ha confirmado que la subida salarial de este ejercicio debe ser del 2,4.
Los sindicatos oficiales defendían que el IPC previsto que se debía tomar como base para el cálculo era del 2 por ciento, pero la patronal tomaba como referencia un 1,4%, seis décimas menos, en coincidencia con la inflación con la que se cerró el año 2008. El Juzgado, de esta manera da la razón a los dos sindicatos.
Los acuerdos están para cumplirse, no para que una de las partes negociadoras los modifiquen a su antojo cuando les interesa, y menos, cuando los sindicatos siempre hemos respetado las reglas del juego, en la actual crisis y en épocas de bonanza económica, donde los aumentos salariales estaban muy por debajo de las ganancias empresariales, la sentencia viene a resarcir ligeramente a unos trabajadores que en general tienen un sueldo bastante modesto y que no tienen culpa alguna de la actual crisis económica, aunque la patronal insista en convertirlos en víctimas y paganos.
CNT-Santander.
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