Patricia Manrique (CNT Santander)
El Estado avanza en la guerra civil. Afila sus armas. Y tiene una ligera ventaja en el diseño del campo de batalla -aunque no siempre-. A comienzos de 2015, nos encontramos ante la inminente aprobación de dos peldaños fundamentales de la escalada punitiva del PP que, si bien pone de manifiesto su debilidad, no deja de suponer un escollo y una afrenta para todas aquellas personas que se oponen, y lo diré de un modo amplio, a la injusticia. Todas en general, y nuestras militantes en particular. Y es que, como contraparte necesaria del programa de recortes aplicados en el ámbito socioeconómico, la ultraderecha ha generado una batería de cambios en la justicia que penan tanto la pobreza como la protesta. Y nosotras y nosotros estamos con la gente pobre y con la gente que protesta.
Es un combo letal: mientras la Ley Mordaza sanciona las acciones de protesta social, el nuevo Código Penal endurece las penas en delitos relacionados con la pobreza y ataca la movilización social. Sin ningún tipo de reparo, el Estado deja claro quién es el enemigo: aquellos y aquellas de quienes se alimenta, cada vez más despojados de medios de vida. Ya ni siquiera disimulan, nos quieren en silencio. Y punto.
En la primera, ya de sobra conocida, se pena administrativamente buena parte del repertorio de movilización y protesta, ya sea nuevo o viejo. Desde 100 a 600 euros, por ejemplo, las reuniones en espacio público sin notificar, ocupaciones de entidades bancarias, encaramarse en edificios o grabar o insultar a un policía; de 601 a los 30.000, manifestaciones en templos del Estado como el Congreso, impedir un desahucio, negarse a disolverse o a identificarse, desobedecer o resistirse a la autoridad; y de 30.001 a 600.000 las reuniones o manifestaciones en infraestructuras de servicios básicos. Como guinda xenófoba, se vuelve a sancionar la manta y se legalizan las devoluciones en caliente. Todas ellas sanciones burorrepresivas, sin garantía judicial alguna, y que, gracias al repago de las tasas, costará un pico recurrir.
En cuanto a la reforma del Código Penal, que acaba de pasar por el Congreso para más gloria del populismo punitivo –unas veces del PSOE, otras del PP-, eliminará las faltas, quedando algunos tipos penales incluidos en sanciones administrativas, que irán derechas a las arcas del Estado, y otros en delitos, con las ‘consabidas’ garantías judiciales. Por citar algunas perlas contenidas en el nuevo texto hecho a medida contra quienes son pobres y quienes protesten, el hurto y los enganches a agua o luz serán delitos, se repenaliza la manta y se castiga a quien ayude a transitar a personas sin papeles. También será delito difundir convocatorias, y por supuesto la «resistencia» que, sin adjetivo que especifique su tipología, dará igual o parecido que sea activa o pasiva, y se endurecen las penas por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y desobediencia. Por supuesto, todo ello al lado de la medida estrella de la ultraderecha que es la prisión permanente revisable.
Se conseguirá con semejante despliegue de medios, ya-que-estamos-oyes, aumentar la tristemente desmedida población reclusa. Los carceleros se frotan las manos, pues lo mismo les aumentan el presupuesto – se destina aproximadamente el mismo dinero en prisiones que en Dependencia y 300 millones más que en política de vivienda-; y ni te digo de los buitres que ya han puesto las manos en la Educación, la Sanidad, las pensiones, los centros de menores… Nichos para la población que son nichos de mercado.
En este Código Penal, se aplica el llamado Derecho Penal del autor o del enemigo, que no sanciona (sólo) lo que hagamos, sino quién cree el Estado que somos –entre lo psicológico y lo metafísico- o qué tipo de pensamiento tenemos –aquí ya entramos en lo filosófico-político-. Algo que no suena nuevo, menos para el movimiento libertario, y sino que se lo digan a las personas detenidas y presas por la «operación» –nunca mejor dicho- Pandora. Ahora lo consagrará el Código Penal que podemos bautizar como el de los delitos futuros: ese que, al estilo del Minority Report de Philip K. Dick, dicta que la judicatura, convertida en cuerpo de «precog», superdotados conocedores de nuestros delitos futuros, aplique las «medidas de seguridad» que crea oportunas. Ya no se trata de que te pillen in fraganti, basta con que crean que puedes querer hacerlo. La versión macabra del «Sí, se puede». El Código estipula también, por cierto, el internamiento cautelar de personas que padezcan alguna enfermedad mental por su supuesta peligrosidad. Como se puede observar, no habiendo repasado todo, no falta de nada.
Tampoco se han olvidado de nuestra herramienta de lucha. El artículo 315.3, que lleva aparejada sí o sí pena de prisión, se mantiene. Rebajan el mínimo de tres años a 21 meses, con lo que podría no suponer cárcel directa al ser menos de dos años si no tienes antecedentes –cosa complicada hoy en día- y el máximo a tres años frente a los cuatro años y medio de antes. Eso sí, también se la baja a los empresarios por impedir el derecho a huelga, y las sanciones a los piquetes sindicales son más altas que las de los patronales. Menos no se podía esperar.
No se me ocurre otra manera de actuar que conocer bien las coordenadas en que nos movemos y desobedecer, hacerlo todo lo que sea necesario, y hacerlo bien. Conocer las coordenadas para diseñar las estrategias más inteligentes y creativas: no es cuestión de pagar de más. Pensar con nuestra comunidad, en cada sindicato, colaborativamente, y decidir como sabemos hacerlo, de modos horizontales y asamblearios, qué tácticas compartidas emplear, y ponerlas en común. Cada sindicato, cada afiliada y afiliado, tenemos el deber de conocer a fondo las armas con las que el Estado combate los deseos de justicia y libertad de la gente, y hacerlo bien. No tener miedo, no, pero actuar con inteligencia, no con temeridad o inconsciencia. La guerra civil es compleja y tenemos el deber de conocer, entre todas, la legislación y cada una de sus líneas de fuga, sus grietas, por pocas que sean.
Y, desobedecer, sí, seguir desobedeciendo. En lo político y lo ético, en lo público y lo personal. Y en lo económico y lo legal. La justicia no se legisla, se conquista. Será para ello imprescindible tejer lazos de solidaridad, más allá de los sindicatos, de la propia Confederación, y desobedecer muchas juntas, hasta poner al Estado en un brete. Negándonos a pagar, quienes podamos, una deuda ilegítima, basada en sanciones injustas. Y, otras, recurriendo en el ámbito legal porque, aunque tardará y costará mucho que se resuelvan las apelaciones en diferentes instancias, habrá que seguir adelante entre todas hasta tumbar la ley. No podemos dejar solas a las personas reprimidas, y rechazar la injusticia de sus leyes no nos exime de intentar ganarles también en su escenario, de exigir a su supuesta democracia que tenga una mínima apariencia de tal.
Desobedecer, vencer el miedo, cuidándonos y cuidando a los y las demás, practicando la solidaridad activa. Conectadas para conformar una multitud desobediente. Solidaridad, apoyo mutuo, autogestión.
