El Estado sigue empeñado en decidir sobre nuestros cuerpos, como herramienta del patriarcado que ha sido siempre. Se empeñan en controlar el derecho a decidir si queremos ser madres y en qué casos podemos llevar a cabo un aborto, e imponen una maternidad heteropatriarcal, -mientras que se la niegan a gays y lesbianas-, y un modelo concreto de familia, útil a la pérfida alianza de capitalismo y patriarcado. Ahora es la ultraderecha quien lo ejecuta, acabando con una ley de plazos que, al menos, reconocía parcialmente el derecho inalienable a decidir sobre nuestros cuerpos: convierten la interrupción del embarazo en un delito, a no ser que ésta cuente con la autorización de un médico.
La despenalización parcial del aborto en el 85 fue un avance fruto de la lucha feminista que desenmascaró la posición política del PSOE respecto al aborto, lo cual quedó corroborado en la última reforma en la que, 25 años después, lo mantuvieron como delito. Ahora, la ultraderecha riza el rizo del tutelaje por el que el Estado coloniza nuestros cuerpos, intenta robarnos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y preserva el patriarcado.
La norma aprobada, con el nombre Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, y que sustituirá a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo vuelve al sistema de supuestos, por el que la interrupción del embarazo se convierte en delito menos en supuestos muy concretos y que sean acreditados: el peligro para la salud física o psíquica de la madre, que el embarazo sea fruto de una delito contra la libertad sexual y, salvo en los casos en los que el embarazo suponga un riesgo vital, dentro del plazo de 22 semanas de gestación. Aún es más restrictiva que la legislación anterior a 1985, que contemplaba la deformación del feto como supuesto por el que el aborto fuera una práctica legal, y sólo admite que el feto presente «anomalías incompatibles con la vida», cuestión que tendrá que ser refrendada por el informe de dos médicos. Gallardón no ha especificado qué tipo de penas llevará acarreada la participación en abortos fuera de la ley de supuestos promulgada.
La ultraderecha propone, pues, una vuelta al aborto seguro para las que puedan pagarlo, viajando al extranjero, por ejemplo, y a los abortos de pobres, del perejil a las píldoras clandestinas, asegurando un seguro aumento de mortalidad entre mujeres porque, todas lo sabemos, no dejaremos de decidir por el tutelaje que pretenden imponernos. Ni la ley, ni la iglesia, ni el Estado… nadie puede decidir, nadie va a decidir por nosotras.
En nuestros cuerpos decidimos, y con nuestros cuerpos seguiremos combatiendo su Régimen. Sin respeto a nuestras decisiones, no hay futuro: exigimos y exigiremos con la contundencia necesaria que se respete el derecho de las mujeres, incluidas las menores, a decidir, y la supresión en su totalidad de los requisitos de tutelaje administrativo (3 días de reflexión, sobres informativos…), pues son una total coacción que obstaculiza la libre decisión.
¡Aborto libre! ¡No pasarán!
Secretaría Acción Social – CNT Santander
