El ex-interventor municipal de Castro Urdiales Fernando Urruticoechea fue entrevistado por Jordi Évole en el programa Salvados lo que sirvió para dar difusión al problema de corrupción que tiene el pueblo. Durante un acto sobre el negocio del agua organizado por este sindicato, aprovechamos la ocasión para conversar largo y tendido sobre ese fenómeno extendido en las instituciones como es la corrupción. La entrevista fue publicada en sendas entregas en las ediciones de enero y febrero.
L. Martínez | Periódico CNT
Fotografía: Gelo
Fernando Urruticoechea ha sido responsable de destapar varios casos de corrupción desde su puesto de interventor municipal. El más importante de ellos, en Castro Urdiales (Cantabria), supuso la apertura de más de treinta causas y el ingreso en prisión de quince personas. A lo largo de la entrevista nos desvela cómo se producen estos casos y los mecanismos que impiden el control de la corrupción.
Pregunta.- Gracias a tu labor como interventor municipal se han imputado a 158 personas entre políticos, funcionarios, técnicos y empresarios, y de ellas se han condenado a 15 en las diversas causas que se han abierto. ¿Qué sucedió en Castro Urdiales?
Respuesta.- El mérito personal principal corresponde al magistrado Luis Sánchez Acayro, quien ha llevado desde el año 1998, casi en total soledad, la investigación judicial contra la trama de corrupción de Castro Urdiales. Sin refuerzos judiciales, sin apenas peritos de ayuda, lleva casi 6 años instruyendo expediente a expediente, sin colaboración de la Fiscalía al principio y con la contra de algunas autoridades judiciales “contaminadas”, como César Tolosa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia o de José Luis López de Moral, Presidente de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial. Enfrentándose a potentes gabinetes de abogados, con grandes redes de influencia, que le han intentado hacer la vida imposible mediante campañas personales difamatorias y consiguiendo que se le hayan abierto por el CGPJ unos 36 expedientes sancionadores en estos años. Cuando dejé Castro Urdiales como interventor, el 31 de marzo del 2006, pensé que mi trabajo y calvario personal no habían servido para nada útil, sólo para sufrir y hacer sufrir a los míos y que los corruptos seguían impunes. Había acudido a 4 jueces de Castro Urdiales y a la Fiscal Superior de Cantabria a informarles y denunciar mi situación profesional sin resultado alguno; no quisieron saber nada del estado delictivo generalizado que existía en el ayuntamiento. Pero los corruptos de Castro Urdiales tuvieron mala suerte. Se produjo una combinación de tres actuaciones que no suele darse normalmente: interventor municipal honesto y cumplidor, actuación fiscalizadora del Tribunal de Cuentas a finales del 2006, casi imposible, y un magistrado instructor infatigable y sin miedo. Es una combinación que no se ha dado en otros ayuntamientos, pero que de darse, hubiera producido similares descubrimientos delictivos de saqueos del patrimonio público.
P.- ¿Por qué lo has hecho? ¿Cuál ha sido tu motivación para no dedicarte simplemente a sobrevivir como hacen los demás interventores?
R.- Por una cuestión vocacional e ideológica, al tener siempre claro que un ayuntamiento es una empresa pública donde los accionistas son los ciudadanos y que un interventor municipal es un funcionario público cuya principal función es la defensa de los dineros de los ciudadanos, controlando el buen uso legal que los políticos hagan de los mismos. El alcalde es el Presidente del ayuntamiento, pero es precisamente la institución a la que tenemos que controlar legalmente, no a servir sumisamente, aunque desgraciadamente sea nuestro superior jerárquico y quien fija nuestro sueldo y nuestros medios y, también, quien puede hacernos la vida imposible. Un hecho obvio, pero que no se suele tener en cuenta, es que nadie entrega voluntariamente su dinero a los ayuntamientos, sino de forma coactiva, a través de impuestos y tasas, o contribuciones especiales o precios públicos o multas.
P.- ¿Por qué otros interventores no han denunciado lo que veían?
R.- Denunciar no es nuestra labor como interventores, sólo informar de la legalidad o ilegalidad de los actos municipales, sin mirar hacia otro lado en los casos problemáticos del urbanismo o de las contrataciones, y esto sí lo han hecho, y lo hacen, decenas de mis compañeros, de los escasos centenares que somos en todo el Estado. Por esto, muchos de ellos reciben presiones de sus alcaldes, especialmente ahora que saben de la peligrosidad de nuestros informes como pruebas judiciales de sus fechorías. Y el acoso es la respuesta habitual y terrible de estos alcaldes, para no tener informantes molestos.
Pero no se puede pedir a nadie que tenga vocación de mártir, ni que se inmole, cuando las condiciones de trabajo no aseguran la independencia de criterio, ni existe jerarquía alguna en casos de discrepancias técnicas o de mediación, para los casos de conflicto. Por eso, la conducta habitual es la dedicación a los temas formales, la tecnocracia, siendo complacientes en los temas problemáticos, especialmente del urbanismo o de cumplimiento de las contrataciones. De existir irregularidades, la denuncia debería ser labor propia de las fuerzas políticas y sociales municipales, a partir del trabajo de los interventores honestos que, haberlos haylos.
Existiendo casos públicos de secretarios o interventores implicados con la corrupción, cuando aparece en la prensa un interventor imputado o incluso condenado, no siempre se trata de un interventor titular, habilitado por el Estado. Un gran número de ayuntamientos españoles de más de 5.000 habitantes carecen de interventores titulares. Por ejemplo, en la región de Murcia, 11 de los 14 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, carecen de interventor titular de forma crónica. Existe un fraude enorme en las convocatorias de plazas vacantes y por ello ocupan estas plazas usurpadores, complacientes con el poder local que los nombra “a dedo”. Dicho esto, no puedo olvidar y lo tengo muy cercano y presente, lo que me dijo una interventora de que en muchas ocasiones nuestro principal enemigo es nuestro compañero secretario, para asegurarse su tranquilidad personal y para evitar verse en un espejo deforme. Fue mi caso en el ayuntamiento de Castro Urdiales con un secretario delincuente y es mi situación actual con la secretaria y el tesorero del ayuntamiento de Crevillent, ante el acoso de mi alcalde.
P.- A la luz de todos los casos de corrupción que estamos viendo y que implican a prácticamente todas las instituciones del Estado, ¿puede existir el poder sin corrupción? ¿Es algo intrínseco al sistema o depende de los que ocupan los cargos?
R.- No estamos viendo más que una milésima parte de la corrupción política existente, los casos que han podido descubrir unas decenas de jueces aislados o, los muy escasos, que han salido a la luz por denuncias fratricidas entre los propios partidos políticos buscando ventajas competitivas. La corrupción parece formar parte de la naturaleza humana, al conectar con algunos de los instintos animales ligados a la lucha por la supervivencia como el egoísmo, y con algunos de los vicios humanos más comunes, como la avaricia, la soberbia, y, en especial, el afán de poder. El querer ser como Dios es uno de los mayores motivadores de algunas conductas, y es el que explica muchas de las conductas corruptas, no siempre explicadas por el afán de enriquecimiento. Consiste en tener la capacidad de poder premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Además, no es sólo un problema de las personas, sino que en España existe un problema de las organizaciones políticas y sindicales, que es el de su financiación, dado su raquitismo organizativo y la voracidad insaciable de sus maquinarias electorales. Por lo tanto, la corrupción parece inherente al poder político, pero lo que también resulta una evidencia es que el poder absoluto corrompe absolutamente y ésta es una de las claves de la gravedad diferencial de la corrupción española en el entorno europeo. Nuestra democracia es muy endeble, los 40 años de franquismo no se liquidaron con los pactos de la transición y el caciquismo tiene una fuerza tremenda en nuestro Estado, especialmente en nuestras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, donde los 100.000 concejales y liberados políticos constituyen una poderosísima red del poder caciquil de compraventa de favores y votos de todos los partidos políticos.
P.- En general, ¿por qué crees que no han funcionado los mecanismos para evitar la corrupción? ¿Cuál sería la solución?
R.- Tal como analiza el profesor Alejandro Nieto, con varios libros sobre la corrupción española, el diseño tanto del control interno municipal y autonómico, como el control externo de los Tribunales de Cuentas, central y autonómicos, es perverso, perfectamente organizado para que no funcione. Las autoridades políticas y los legisladores no quieren que funcione el control sobre sus gestiones, sobre la gestión pública, especialmente de las autonomías y los ayuntamientos, que es donde está la “madre” de la corrupción política. También resulta evidente que nuestras autoridades, nuestros partidos políticos no se van a hacer el harakiri, por muchos llamamientos que les hagamos, por muchas razones que les demos de que una democracia debe contar con controles independientes y eficaces. Por lo tanto, la solución de raíz está en los ciudadanos que tendrán que liberar al Estado del secuestro al que está sometido actualmente por los partidos políticos españoles.
La corrupción es a los organismos sociales como el cáncer a los organismos físicos. No contamos con el remedio mágico contra el cáncer, pero conocemos de la bondad de las medidas ambientales preventivas contra agentes cancerígenos como el tabaco o la contaminación del tráfico urbano, y de la eficacia de medidas curativas como la quimio y la radioterapia y de la cirugía para extirpar algunos tumores. Lo mismo sucede con la corrupción. Resulta fundamental y urgente la implementación de medidas “ambientales” mediante la difusión y aprobación de principios éticos, algunos bien sencillos como la eliminación de los regalos de todo tipo a los políticos y funcionarios, tanto los privados en forma de bienes y servicios, como los públicos, en forma de prebendas personales retributivas complementarias, que incluso aparecen en los Convenios de Personal.
Luego están las medidas preventivas, entre las que estimo fundamentales las de fomento de la participación ciudadana en los asuntos públicos y de transparencia del funcionamiento de las instituciones públicas. Hoy se incumple la Constitución española y especialmente la Ley de Bases del Régimen Local que establece en su artículo primero que los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Pero para poder verificar la utilidad de todo lo anterior, para desalentar las tentaciones personales u orgánicas, resulta esencial articular controles públicos internos y externos eficaces y para ello, independientes de los poderes políticos. También, la implantación de limitaciones cuantitativas a los gastos electorales. Y, finalmente, medidas terapéuticas de expulsión del servicio público de todos los que resulten imputados en casos de corrupción y de cirugía eficaz mediante una justicia rápida y efectiva. Basta ya de que los casos de corrupción se hagan eternos en España, por falta de medios y de ganas de la justicia española, cuando en EEUU recientemente hemos tenido los ejemplos de que temas complejos de corrupción recientes han contado con sentencia en el plazo de un año.
P.- El problema de la corrupción se suele enfocar en los cargos públicos, pero ¿qué sucede con la empresa privada? ¿Las tramas de corrupción no necesitan también de empresarios que corrompan?
R.- La premisa de que la corrupción política es un problema endógeno de las Administraciones públicas, que se corrige limitando el tamaño y función del Estado, es una manipulación ideológica neoliberal, que se repite como un mantra por sus medios de creación de opinión, incluida la enseñanza de la teoría económica en las facultades de Ciencias Económicas españolas. La realidad refuta tal premisa ideológica, que resulta desvergonzada en momentos como los presentes, cuando contamos con ejemplos privados recientes y llamativos de corrupción en sector financiero y en el eléctrico en el mismo corazón del sistema, en los EEUU, que están entre las causas de la actual crisis económica, por no citar a las malas prácticas de la banca europea y española. El origen de nuestra corrupción política no es más que la compra de las voluntades políticas por parte de las empresas privadas para colocar sus bienes y servicios en el sector público al margen de los principios de la contratación pública, entre los que el principal es el de libre concurrencia.
Las consecuencias económicas y morales de la corrupción en nuestro país son tremendas. Me parece una manipulación ideológica la falta de estudios sobre el tema, y una insensibilidad de la comunidad universitaria el que no se evalúe la distorsión que produce la corrupción sobre la asignación de recursos públicos y privados y sobre la redistribución de la riqueza. Resulta una frivolidad algunas de las estimaciones que se hacen, como las de Transparencia Internacional en España, proyectando las estimaciones de su organización matriz para los países europeos, resultando sólo unos 10.000 millones de euros anuales, es decir un 1% de nuestro PIB. No se investigan algunos rasgos diferenciales de nuestra corrupción, como la casi total desaparición de nuestro Patrimonio Municipal del Suelo –protegido constitucionalmente por el art. 47 CE- y la gigantesca acumulación de capital de las empresas contructoras españolas derivado de su preeminencia en la desmesurada política de infraestructuras públicas seguida en España en los últimos 30 años. En mi opinión, sólo estos dos fenómenos nacionales han ocasionado el mayor saqueo patrimonial público y su patrimonialización privada, así como la mayor y más injusta redistribución de la renta en la historia de España.
P.- ¿A qué problemas te has tenido que enfrentar por denunciar lo que estaba pasando?
R.- He pasado por un calvario personal insufrible en varias ocasiones, y un calvario judicial incomprensible e injusto para un funcionario que sólo ha intentado cumplir con su profesión de fiscalizador interno. Es una experiencia similar a la de todos los funcionarios públicos que nos hemos enfrentado con la corrupción política, como se puede comprobar con las situaciones de los jueces singulares conocidos a través de los medios de comunicación y de las decenas de ellos que se largan de los juzgados y de las causas de la corrupción.
Además en España tenemos el hecho grave de que no existe una normativa de amparo de los denunciantes de la corrupción. Ni siquiera se ha traspuesto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, al no haberse desarrollado la recomendación de sus arts. 32 y 33 de protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes, tal como lo ha denunciado Transparencia Internacional y como vengo pidiendo, que también lo denuncie, a nuestro Colegio nacional de Secretarios e Interventores.
