Nuestra compañera Patricia Manrique ha escrito una reflexión acerca de la ley «Solo sí es sí» en eldiario.es que replicamos aquí.
Tuvimos en 2004, gracias al trabajo constante del movimiento feminista, una Ley Integral contra la Violencia de género. Y le llovieron las críticas, por no hablar directamente de los palos en las ruedas por parte de la derecha, en forma de múltiples alegaciones. Hoy es una ley perfectible, como todas, pero imprescindible que todo el espectro político hace, mal que bien, suya. De nuevo tras un profundo trabajo de denuncia feminista, a la ley contra la violencia de género se ha sumado, por fin, la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘Solo sí es sí’, una ley contra la violencia sexual que, a juzgar por las reacciones que ha desatado, a derecha e incluso izquierda, introduce cambios de calado. Porque necesitamos cambios de calado.
Por fin, todo acto contra la integridad sexual sin consentimiento será “agresión sexual” y cualquier acto sexual sin consentimiento con acceso carnal será “violación”. El nuevo texto de ley ha juntado el delito de abuso sexual y de agresión sexual en uno, siendo que las penas mínimas del abuso se integran en el nuevo delito de agresión. Pero, además, y esto no es menor, desaparece el absurdo penal de que aprovecharse de la indefensión de la víctima drogándola pueda ser considerado un atenuante. Por fin, con esta ley, se corta por lo sano con la cultura de la violación poniendo en el centro el consentimiento.
Como cabía esperar, los cenizos y cenizas de siempre, quienes ayer decían que esta ley iba a meter a todos los hombres en la cárcel e iba a cortar de raíz toda posibilidad de entendimiento sexual entre géneros, ahora resulta que temen que saque de la cárcel a todos los violadores. En la demonización machista y reaccionaria, a la que es sometida la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya solo faltaba oír acusaciones de beneficiar a violadores. Es de risa, una vez más, si no fuese una cuestión tan seria, por encontrase en la operación de acoso con intención de derribo una parte no desdeñable de un poder judicial con una alta proporción de operadores reaccionarios y machistas.
No soy jurista, por lo que no pretendo enmendar la plana a las discusiones bizantinas —muchas más interesadas que interesantes— que se avecinan, pero el sentido común y una notable nómina de juristas aclaran que llevar a cabo una rebaja automática de pena a agresores, como están haciendo jueces con nombre, apellidos y carreras judiciales pagadas por todos y todas, interpretando abstractamente la ley y sin tener en cuenta todas las circunstancias como sería preceptivo, es un error. En esa línea, una reciente instrucción de la Fiscalía rechaza las rebajas de penas a violadores si estas siguen vigentes en la ley y establece que cada procedimiento deberá ser analizado individualmente y “huyendo de automatismos”, valorando las circunstancias de cada caso.
En la Rioja, por ejemplo, no se ha rebajado ni una sentencia. Los jueces llevan semanas examinando de oficio más de medio centenar de casos de delincuentes sexuales para ver si se pueden ver beneficiados por la reforma y por ahora no han firmado ni una rebaja, mientras que otros casos se encuentran en trámite de alegaciones. En las alegaciones se señala que la nueva ley “no tiene disposición transitoria que establezca o explique cómo afecta la modificación a los casos ya juzgados y que sean firmes” pero concluyen que “hay que aplicar como criterio el previsto en la Circular 3/15 de 22 de junio”, esto es, la circular por la que se establecieron “criterios en relación con el régimen transitorio establecido por la reforma del Código Penal”, lo que implica que “no se podrán revisar las sentencias firmes cuando las penas anteriores sean también imponible con arreglo a esta reforma del Código”.
Cantabria ha tenido también su dosis de sensacionalismo generador de inseguridad para las mujeres. Un manoseador/agresor, preso en El Dueso, ha salido porque su pena ha sido reducida por un juez a dos años. Habrá que estudiar con detalle el motivo, y analizar la problemática atendiendo no solo a la cuestión de la duración de la pena, sin prestarle demasiada atención al hecho de que en dos años no haya seguido en prisión curso alguno de educación en buen trato, probablemente porque hoy por hoy no existan tales recursos en un penal lleno, por cierto, de agresores sexuales —al parecer, El Dueso es un destino escogido reiteradamente por este tipo de delincuentes que, particularmente cobardes, buscan vivir protegidos de otros reclusos—.
Por otro lado, hay que entender que el movimiento feminista no es particularmente partidario del populismo punitivo. Confiamos más en el valor de la educación que en la proliferación de penas desorbitadas. De nada sirve mantener a un tipo un montón de años en la cárcel si se continúa haciendo caso omiso del artículo 25.2 de la Constitución, que dicta que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad penales estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. La protección de las mujeres requiere un profundo trabajo educativo que empieza en las escuelas y del que no puede quedar exenta la propia prisión. A la urgente necesidad de formación de género para jueces, súmesele la importancia de implementar talleres de reinserción para presos machistas y de esa específica forma violentos.
Debates aparte, mientras el ruido patriarcal trata de enfangar el espacio público con sus miedos, manipulaciones y extremismo, sin preocuparles provocar alarma en las mujeres, el resto del mundo sigamos avanzando con calma y decisión contra todas las violencias. En concreto, toca que se cumpla la promesa de aprobar una ley trans que nos reconozca a todes como personas, allende las violencias del fundamentalismo binarista de género. Contra todas las violencias machistas, lo dice el lema para este 25-N en Cantabria, respuesta feminista.
