Quien insta a tumbar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria es, justamente, la prueba de la imperiosa necesidad de esa ley.
Se nos van marchando quienes lucharon por la legítima II República tras el golpe de Estado que inauguró una guerra civil y cuarenta años de dictadura franquista, y se van sin el reconocimiento que cabría esperar en una democracia sana. Van muriendo, incluso, muchos de sus familiares directos, personas que convirtieron su vida en un compromiso con la lucha y la memoria democrática —y no, no en este caso, la memoria ‘a secas’—. Pero seguimos en esa anomalía democrática que es la falta de verdad, justicia y reparación de las víctimas del fascismo.
A finales de septiembre, los y las parlamentarias cántabras de esa anomalía democrática que es el chiringuito de Santiago Abascal —su partido ha traspasado siete millones de euros en cuatro años a su fundación privada— junto con los diputados del Grupo Popular han sumado votos para solicitar al Ejecutivo regional (PP) que presente un proyecto de ley de derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, aprobada la pasada legislatura. Dicha ley entró en vigor en noviembre de 2021 —unos 40 o 50 años tarde— y recoge medidas como la localización, exhumación e identificación de desaparecidos por la represión política —hay inventariadas 150 fosas comunes en Cantabria—, la eliminación del resistente callejero fascista cántabro o el impulso de investigaciones que profundicen en el conocimiento de la verdad.
Doy gracias que mi amigo y admirado compañero Jesús de Cos no ha tenido que vivir este funesto momento, en el que no nos perdonaría el silencio, tantos años como pasó luchando por la verdad, que pretendía ser reparadora no sólo para él y tantos compañeros suyos tildados de criminales, de «bandidos» —Ni bandidos ni vencidos, se titulan sus memorias—, durante décadas, sino que aspiraba a contribuir a una tradición democrática que, desmemoriada, no puede ser plena. De Cos es un ejemplo de cómo la represión machacó a tantos cántabros y cántabras tras la ocupación franquista del territorio en 1937. Su padre, teniente de alcalde en Rionansa, fue asesinado en un campo de exterminio nazi en 1941. Él colaboró desde los 15 años con la guerrilla antifranquista como enlace y, descubierto y detenido, sufrió terribles torturas de militares del cuartel de El Ferrol por ser clasificado por la Falange como «individuo peligroso y sospechoso, hijo de padres rojos». Una vez libre, se unió a la «Brigada Machado» hasta 1947, fecha en la que hubo de exiliarse a Francia, tras recibir un tiro en la pierna de la Guardia Civil. Sufrió en Francia la detención en campo de concentración, pero se mantuvo en la lucha antifranquista y tras su regreso a España, ya en 1986, se estableció definitivamente en Cantabria, comenzando junto a su compañera y esposa Mari Sol González, el imprescindible trabajo de reivindicación de la memoria histórica que realiza aún hoy la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE).
AGE ha denunciado no solo la celeridad con que se ha buscado la derogación de la ley sino que, además, subrayan que lo primero que hizo el PP al ocupar la Presidencia del Gobierno de Cantabria, a finales de julio, fue desmantelar la Dirección General de Memoria Democrática. Y es que la derecha española, secuestrada por su ala más extrema y cerril para asegurarse el poder, exhibe una obsesión con la batalla cultural —películas, historia, monumentos… y siempre para destruir, incapaces de construir— que resulta muy expresiva de su carencia de propuestas para mejorar la vida de la gente. Por su parte, la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, integrada por decenas de organizaciones y una creciente lista de persona individuales está recogiendo firmas en respuesta a la derogación que denuncian se haya sustentada «en mentiras históricas, en una narrativa de la equidistancia y defendida con agresividad hacia las organizaciones de víctimas del franquismo».
Durante el debate para tumbar esta ley de memoria democrática, la derecha ha repetido la cantaleta de que se trata de una ley «parcial» que distingue entre «víctimas de primera y de segunda» y plantean que se debe elaborar una nueva norma que conserve de la actual el derecho de los cántabros a recuperar los restos de sus familiares, «sean del bando que sean». Juan José Alonso, portavoz del PP en Cantabria, va más allá y dice que en la historia comprometida en la ley no hay «ni buenos ni malos son todos víctimas». Zuloaga (PSOE), apuntala esa visión, insistiendo en que la ley es una ley para todas las víctimas pero con ese discurso se desvía la atención del hecho de que las leyes denominadas de memoria «democrática», esas que al PSOE le ha costado tantos años reconocer, hacerlas realidad, debieran ser, ante todo, un reconocimiento de la injusticia y la lucha por la tradición democrática en dos de los episodios más vergonzantes de la historia de España.
Unos han tardado tanto, otros han puesto tantos palos en las ruedas, que las víctimas directas apenas están ya, aunque podemos decir que víctimas somos todos y todas. Y hay un discurso pretendidamente humanista, centrado en las víctimas, que cicateramente se utiliza para vaciar la ley de contenido político, de la defensa y reivindicación de la democracia —que, por cierto, no es patrimonio exclusivo de la izquierda: hubo y hay, por supuesto, derecha demócrata—. Y si en España abunda una derecha que no se entiende bien con la democracia, una derecha chusca y cerril, machirula y torera, con tan poca tolerancia a la diversidad como capacidad para respetar el discurso del otro puede deberse, precisamente —entre otros motivos, claro está—, a la falta de un trabajo profundo desde la Transición en leyes de memoria democrática y no mera memoria —o desmemoria—.
Lo cierto es que, con todo, la ley no ha llegado a dar ningún fruto y, para desdecir a los que hablan de sectarismo, la única exhumación que se ha producido en la comunidad autónoma tuvo lugar en 2019, y fue la de Eloy Campillo, alcalde pedáneo de Sotres y guarda del coto de caza de Picos de Europa, asesinado en 1945 por guerrilleros de la Brigada Machado. Las actuaciones para localizar al resto de víctimas quedan ahora en suspenso.
Sin embargo, no todo está perdido y, de hecho, parece que se ha abierto en Cataluña una nueva vía: Dolores Delgado, fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática, ha dictado diligencias en las que insta a la Fiscalía a apoyar la admisión a trámite de una querella por torturas sufridas en la Jefatura Superior de Policía en Barcelona en los años 1970-71. Se abre, así, la posibilidad de incoar procesos judiciales en relación con la represión franquista que aclaren los hechos y establezcan la verdad jurídica de lo sucedido como forma de reparación, para las víctimas directas y la sociedad. Hasta ahora, las querellas habían sido automáticamente inadmitidas alegando la prescripción de las penas, el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977, cerrándose sistemáticamente la posibilidad de investigar judicialmente los crímenes del franquismo. Pero los delitos de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles y, además, no se trata ya de castigar, sino de abrir procesos judiciales que generen un relato jurídico veraz, aunque sin consecuencias penales.
La memoria nos atraviesa desde el cuerpo, se construye de razones y emociones, y dota de significatividad nuestras trayectorias, sean personales o colectivas. Que una memoria democrática común es imprescindible para una democracia plena es una lección que ha de aprenderse en las izquierdas y las derechas, y quienes no sean capaces de asumirlo deben quedar, sencillamente, fuera, porque en democracia todo puede ser objeto de debate salvo la propia democracia.
